El pasado 23 de agosto, el Congreso de la República aprobó la Ley de Derecho a la Consulta Previa. Esta norma institucionaliza el diálogo con las comunidades con la finalidad de llegar a un acuerdo sobre la aplicación de normas (legislativas o administrativas) que las afectaría directamente, en el marco de respeto a sus derechos colectivos.
Como se recuerda, esta medida era un clamor de las comunidades campesinas y nativas en relación a que la mayoría de conflictos sociales en el país se ha originado por la no consulta de la explotación de los recursos naturales; en donde la actividad minera se encuentra en el primer sector que genera conflicto con su entorno social. En el Perú existen 174 comunidades campesinas ubicadas en la Costa, 90 en la Selva y 5,804 en los Andes, lo que hace un total de 6,068 en todo el país.
