La reforma agraria no fue el desastre productivo que muchos se empeñan en hacernos creer.
El sector empresarial y sus portavoces suelen estigmatizar el concepto de reforma agraria afirmando que la reforma agraria del gobierno del general Velasco, ejecutada entre 1969 y 1975, fue un completo desastre. Esta letanía, pronunciada durante muchos años, se revive ahora con el obvio propósito de hacer creer que cualquier límite a la propiedad provocará otro desastre.
La información oficial proporcionada por el propio Ministerio de Agricultura —la única fuente de información— revela, sin embargo, que tal descalabro nunca se dio.
En el caso de la costa, salvo la caña de azúcar, los rendimientos por hectárea de los cultivos más importantes continuaron, luego de la reforma agraria, con un crecimiento moderado. Fueron, precisamente, las empresas azucareras las únicas que se mantuvieron como cooperativas hasta fines de la década de 1990; en todos los demás casos, las cooperativas agrarias se parcelaron y dieron lugar a una agricultura familiar, ya desde fines de los años setenta.
En el caso de la sierra, el desempeño de la papa —su principal cultivo comercial— también fue positivo. Los demás cultivos sufrieron, efectivamente, una baja en su rendimiento, y luego se recuperaron en la década de 1980, salvo la quinua. Ahora bien, estos cultivos eran, como hoy, producidos, no por hacendados, sino sobre todo por campesinos, muchos de los cuales fueron beneficiados por la reforma agraria; por ello, su pobre desempeño no puede atribuirse a esta.
Como se sabe, la reforma agraria no fue aplicada en la selva, por lo que no tuvo efectos positivos ni negativos
sobre sus rendimientos. Por tanto, la evolución de los rendimientos de dos de sus principales cultivos, el cacao y el café ,ambos de exportación, debe de haber respondido a los precios internacionales y las condiciones climáticas.
Esta información del Ministerio de Agricultura plantea interrogantes que valdría la pena investigar.
Es cierto que, en muchos casos, la cooperativización de las haciendas tuvo como resultado su descapitalización parcial (sea por acción de los propios hacendados antes de que fueran intervenidas sus propiedades, sea por la mala gestión de los propios cooperativistas). Pero, una vez disueltas las cooperativas, las familias parceleras demostraron ser suficientemente eficientes como para mantener, y posteriormente aumentar, los rendimientos, sin contar con apoyo externo alguno.
No puede sostenerse, por tanto, que la reforma agraria produjo un desastre productivo—menos aun si tomamos en cuenta que el entorno económico internacional y nacional fue muy crítico—. Como se sabe, hacia 1975 se inició una vasta crisis económica internacional —que en el Perú se prolongó hasta comienzos de los años noventa—, la cual tuvo un gran impacto negativo sobre la economía peruana y, obviamente, también sobre la agricultura.
En cambio, sí puede sostenerse, razonablemente, que, entre otros cambios que la reforma agraria contribuyó a generar —como la expansión de la ciudadanía a millones de pobladores, simbolizada por el acceso de los analfabetos al derecho a elegir y ser elegido en el año 1979— y que sus críticos se niegan a aceptar, los ingresos resultantes de la producción agraria fueron distribuidos desde entonces de manera mucho más equitativa en la sociedad rural, que en la época previa de las haciendas. Precisamente, esta distribución de ingresos vuelve hoy a concentrarse, en la medida en que la propiedad de la tierra inicia un nuevo proceso de concentración, esta vez en los llamados neolatifundios.
Otro de los rostros que debe adoptar insoslayablemente la agricultura es la asociatividad, fortaleza para poder aprovechar el gran mercado. Asimismo, valor agregado a las materia primas es otro camino a seguir para así ser pequeños empresarios del campo y no un sencillo productor agrario.
DATOS
Lo fundamental es que el MINAG y las direcciones regionales agrarias trabajen ─desde ahora─ con la Comisión Agraria del Congreso de la República y las organizaciones de productores para definir por consenso el monto y el manejo armonizado del presupuesto sectorial para el 2013, tomando en cuenta que la nimia asignación de los últimos años (2 % del total o 0.5 % del Producto Bruto Interno (PBI) nacional) no guarda la menor proporción con lo que significa el agro en la vida del país: 8 % del PBI (estimación subvaluada, por cierto), 26 % de la población nacional y 70% de los alimentos que consumimos todos los peruanos.
