RAZONANDO. Escribe Dr. Javier Carrasco Aguilar
Al César lo que es del César: Ahora tenemos que saludar al gobierno que preside el comandante EP(r) Ollanta Humala Tasso por la acertada decisión —en el tercer año de su mandato— de encomendar la jefatura de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) al Ing. Agr. Jorge Montenegro Chavesta; quien —a su vez— ha designado al Ing. Agríc. Juan Carlos Sevilla Gildemeister como Director Ejecutivo del Proyecto de Modernización de Gestión de los Recursos Hídricos(PMGRH). Pues, en ambos casos, se trata de profesionales especializados con reconocido prestigio.
AGENDA PENDIENTE
A partir de estos hechos, esperamos con optimismo menos “ruido” y más efectividad en el abordaje de la agenda hídrica pendiente, comenzando por los siguientes puntos:
● Funcionamiento pleno y permanente del Consejo Directivo del ANA, para que éste cumpla su papel rector.
● Implementación inmediata del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas, tanto para descargar más de 2,000 reclamaciones y recursos administrativos acumulados en escala nacional, como para completar el enfoque multisectorial e interdisciplinario de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.
● Pronta aprobación de la Política y la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, así como del Plan Nacional de Recursos Hídricos, como instrumentos básicos y decisivos para el trabajo eficiente en las cuencas, y
● Solución racional y realista del problema de los acuíferos en Ica y Tacna, para superar el creciente estrés hídrico que viven esos valles y dar sostenibilidad a las actividades económicas que dependen de dichas fuentes..
ACUÍFEROS IQUEÑOS.
Por ejemplo, en el caso específico de Ica, principal departamento agroexportador del país, esta actividad da empleo al 17 % de la población económicamente activa (PEA), con más con más de 30,000 hectáreas sembradas.
● Sin embargo, los pozos identificados que abastecen de agua a estas tierras tienen serios problemas de formalización. A saber: 1) En el acuífero del valle iqueño, de los 864 de los pozos utilizados, el 71% no tiene licencia, y sólo el 29% paga tarifas y retribuciones por el uso del agua. 2) En el acuífero de Villacurí, de los 460 pozos identificados, el 70% carece de licencia, y apenas el 30% paga tarifas y retribuciones. Y 3) En el acuífero de Lanchas, de los 436 pozos utilizados, el 86 % no tiene licencia, y únicamente el 14% paga tarifas y retribuciones. Esto sucede porque muchos usuarios sienten que “contar con licencia de uso de agua subterránea es un castigo” y que el acceso de la autoridad a las propiedades para actualizar el inventario de pozos es parte de un proceso administrativo sancionador.
● Frente a este cuadro, el Plan de Gestión de Aguas Subterráneas —ejecutado desde setiembre del 2012— no sólo no ha tenido el efecto esperado, sino también la verticalidad de las decisiones administrativas (apertura de procesos punitivos) ha provocado una tensión de proporciones entre la Autoridad Administrativa del Agua Cháparra-Chincha y los usuarios hídricos, en su mayoría pequeños agricultores con menos de 10 hectáreas.
QUÉ HACER
Para superar esta situación, en vez de aplicar literal y rígidamente la Resolución Jefatural N° 330-2011-ANA, sin ninguna alternativa para imponer la autoridad institucional, se requiere con urgencia:
1) Trabajar una propuesta integral, con visión holística, para superar el triste hecho de los 1,760 pozos identificados en los acuíferos de Ica, Villacurí y Lanchas, sólo 441 paguen tarifas y retribuciones, mientras que 1,309 no abonan absolutamente nada.
2) Apurar los proyectos de recarga de los acuíferos con aguas superficiales, vía financiamiento público, privado o mixto, pero garantizando la recuperación de las inversiones.
3) Buscar nuevas alternativas de solución ante el problema de sobreexplotación de los acuíferos, como la tecnificación masiva del riego, la sustitución de cultivos muy exigentes en agua, el reciclaje de aguas servidas, la captación de aguas de niebla y la desalinización de aguas marinas, y
4) Trabajar una alternativa eficaz para frenar la salinización de las tierras de Ocucaje, que —teniendo un acuífero sin riesgo, por ahora— están comprendidas dentro del ámbito de veda.
● Al respecto, es indispensable comprender que si bien la veda es una medida de emergencia, para la recuperación de los acuíferos iqueños ella no basta. Es necesario conjugar otras variables, para aplicar una eficaz política de recuperación, monitoreo, control y fiscalización de las aguas subterráneas, en forma participativa.
● En otras palabras, frente al problema hídrico de Ica se requiere que las autoridades entiendan que la veda de los acuíferos y el combate a quienes la trasgredan no es suficiente para frenar el descenso de la napa freática. Ahí urge aplicar un paquete concertado de medidas, para lo cual es clave la pronta formación del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Ica-Huancavelica, tarea que debería asumir el Proyecto de Modernización de Gestión de los Recursos Hídricos (PMGRH), tal como se pensó en la concepción de éste, aunque la demora de los actores de la cuenca determinó que ello se frustrara.
● Sin duda, la nueva conducción del ANA comprende que ésa es una tarea perentoria.
